El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dado instrucciones para realizar de forma inmediata un nuevo censo en Estados Unidos, que excluiría a las personas migrantes en situación irregular, es decir, aquellas que residen en el país sin autorización legal. Esta medida representa un cambio significativo respecto a la tradición censal estadounidense, que desde 1790 ha contado a todos los residentes sin importar su estatus migratorio.
Aunque el censo oficial está programado para 2030, Trump ha acelerado esta iniciativa con el propósito de influir en los próximos procesos electorales, especialmente antes de las elecciones de medio mandato de 2024. Al excluir a entre 11 y 13 millones de migrantes indocumentados del conteo, esta política podría alterar la distribución de los escaños en el Congreso y la asignación de fondos federales destinados a estados y comunidades.
Durante su primer mandato, Trump ya había intentado incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, pero fue bloqueado por la Corte Suprema, y la administración Biden volvió a contar a todas las personas sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, con la actual mayoría conservadora en tribunales, esta nueva orden podría enfrentar menos obstáculos legales.
Esta acción ha generado preocupación sobre los impactos que tendrá en la representación política y en la distribución de recursos públicos en el país.
