La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que su gobierno está dispuesto a analizar la aplicación de técnicas de fracturación hidráulica (fracking) en pozos de difícil extracción, siempre que se utilicen tecnologías con menor impacto ambiental y bajo estricto control estatal. Durante una reciente intervención, descartó de entrada el “fracking tradicional”, considerado más contaminante, y subrayó que el objetivo es reducir la dependencia de México del gas natural importado de Estados Unidos, que actualmente cubre casi tres cuartas partes del consumo nacional.
Sheinbaum insistió en que, pese a que se podría recurrir a empresas extranjeras con experiencia en estas tecnologías, los recursos naturales permanecerán en manos mexicanas. “Nosotros no le vamos a entregar nuestros recursos naturales al extranjero”, subrayó, al responder críticas sobre la participación de capital. Para ello, el gobierno plantea que Pemex impulse proyectos en alianza con el sector privado, pero con la supervisión de un comité de expertos mexicanos que evaluará diseños, riesgos y condiciones de operación.
El anuncio marca un giro respecto al veto casi absoluto al fracking durante la administración anterior y reactiva el debate ambiental y energético en el país. Mientras grupos empresariales ven en el fracking una oportunidad para aumentar la producción de gas y disminuir la factura de importaciones, organizaciones ambientalistas advierten sobre riesgos de contaminación de acuíferos, emisiones de metano y el impacto social en comunidades rurales. En este contexto, el gobierno se presenta como un mediador que busca “abrirse a nuevas técnicas”, pero prometiendo que el control sobre los recursos naturales no se cederá al extranjero.
