Samuel García, gobernador de Nuevo León, enfrenta una investigación abierta de la FGR por presunto lavado de dinero y desvío de más de 1,000 millones de pesos en recursos públicos a través de un esquema financiero familiar. La Fiscalía le «sigue los pasos» vía la unidad antilavado, con denuncias de la UIF desde 2021, pero sin cargos formales anunciados hasta abril 2026.
Esquema Financiero Alegado
Fondos de cuatro dependencias estatales se canalizaron a empresas como Suministro MYR S.A. de C.V. y Proveedor de Productos Mexicanos JACE S.A. de C.V., que pagaron 203 millones de pesos al despacho familiar «Firma Jurídica y Fiscal S.C.» (vinculado al padre y hermano de García).
La FGR mantiene la indagatoria por operaciones con recursos ilícitos (2012-2021), con colaboración del SAT y UIF; reportes de 2026 destacan triangulaciones en contratos públicos para prisiones y servicios.
