El Poder Judicial de Perú emitió una orden de captura internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez, ex primera ministra peruana, procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. La Fiscalía la acusa principalmente de los delitos de rebelión y conspiración, con una posible pena de hasta 25 años de prisión.
El juez supremo Juan Carlos Checkley fundamentó la orden en el «peligro de fuga palpable» y el riesgo de «frustración» del juicio oral, ya que Chávez incumplió con restricciones previas, como el control biométrico y la asistencia a audiencias judiciales. Desde septiembre de 2025, la ex primera ministra permanece asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país.
Esta situación ha desatado una crisis diplomática entre Perú y México. El Gobierno peruano ha rechazado el asilo otorgado por México, considerándolo una injerencia en asuntos internos, y ha decidido romper las relaciones diplomáticas bilaterales. Perú también anunció que buscará revisar las normas de asilo diplomático en la región, argumentando que el gobierno mexicano ha desvirtuado estas normas. El primer ministro peruano Ernesto Álvarez aseguró que Perú respetará el derecho internacional y no intervendrá violentamente en la embajada mexicana.
El caso de Betssy Chávez ha generado gran expectativa en la política peruana y refleja la continua tensión desde la caída de Pedro Castillo en 2022 y el contexto político convulso en el país andino. Chávez enfrenta actualmente un proceso judicial complejo y las autoridades peruanas buscan asegurar que se lleve a cabo el juicio en su contra.
Esta orden de captura internacional marca un nuevo capítulo en la crisis política peruana y en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
