El estado de Nuevo León ha publicado recientemente un decreto para establecer el Registro Estatal de Deudores Alimentarios, una nueva medida legal que busca identificar y sancionar a quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias.
El padrón, administrado por el Poder Judicial y alimentado con información proporcionada por el DIF estatal, imposibilitará a las personas inscritas realizar trámites oficiales como obtener o renovar licencias de conducir, contraer matrimonio civil, participar en procesos de adopción, acceder a cargos públicos o postularse a cargos de elección popular hasta que cumplan con sus obligaciones alimentarias.
Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, informó que esta iniciativa representa un avance histórico en la justicia familiar de la entidad y forma parte de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además de las restricciones administrativas, el decreto contempla sanciones penales que pueden llegar hasta los cinco años de prisión para quienes evadan el pago de pensiones simulando ingresos.
Este registro estatal se conecta con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA) y fortalece la colaboración institucional para garantizar que los padres cumplan con su deber fundamental de sostener y proteger a sus hijos, atacando las conductas de irresponsabilidad y omisión que afectan la salud, educación y desarrollo de las familias.
Con esta acción, Nuevo León se suma a las entidades mexicanas que buscan erradicar la morosidad alimentaria mediante mecanismos legales más efectivos y visibiliza la importancia de hacer cumplir las responsabilidades parentales para el bienestar de los menores.
Esta medida es apoyada por el gobierno estatal y organizaciones sociales como el DIF, y refleja un compromiso claro para hacer justicia y proteger a las familias vulnerables en la región.
