La Presidenta celebró la aprobación de la reforma que pone fin a las ‘pensiones doradas’ de exfuncionarios de Pemex y CFE
Fin de las pensiones doradas: reforma limita privilegios con recursos públicos.
Reforma pone techo a pensiones de exdirectivos de Pemex, CFE y dependencias
La reciente reforma aprobada por el Congreso de la Unión pone fin a las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios y exdirectivos de empresas paraestatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de otras dependencias federales. Con esta medida, se establece un tope máximo a las jubilaciones que se pagan con dinero público, reforzando el principio de que “no se puede usar el recurso público para privilegios”.
La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución para fijar que ninguna pensión de exservidor público podrá exceder un porcentaje de la remuneración de la Presidenta de la República. En la práctica, esto significa que las jubilaciones más altas no podrán superar alrededor de 50% del salario presidencial, lo que equivale a algo cercano a 67 mil pesos netos mensuales en 2026.
Cómo se acabaron los privilegios
Hasta ahora, miles de exdirectivos de Pemex, CFE, Nacional Financiera y Luz y Fuerza del Centro recibían jubilaciones fijas de 70 mil, 80 mil o incluso más de 100 mil pesos al mes, pagadas por el erario. Con el nuevo techo, esas pensiones se recortarán para quedar dentro del límite establecido, liberando recursos que se reorientarán hacia programas sociales, servicios públicos y fortalecimiento de esas mismas empresas.
Los defensores de la reforma señalan que el cambio representa un avance en justicia presupuestaria, al evitar que recursos públicos sirvan para privilegios de unos cuantos en lugar de beneficiar a la población en general. Se estima que el ajuste podría ahorrar cerca de 5 mil millones de pesos al año en el gasto pensional de alto nivel.
Quiénes quedan fuera del recorte
La reforma está diseñada para impactar principalmente a las altas cuotas directivas; no se aplica a la mayoría de los trabajadores de base de las empresas ni a las pensiones de personal de las fuerzas armadas, que se mantienen bajo reglas distintas. Esto permite concentrar el ahorro en los casos de mayor discrepancia con el salario promedio de la población, sin afectar el derecho a la pensión de los trabajadores comunes.
Con este paso, el gobierno reitera el mensaje de que el gasto público debe ser transparente, equitativo y orientado a las necesidades de la mayoría, rechazando el uso de recursos del Estado para sostener beneficios desproporcionados de exfuncionarios.
