El gobierno de Javier Milei festejó la aprobación de una controvertida reforma a la Ley de Glaciares, que flexibiliza restricciones para proyectos mineros cerca de zonas protegidas y transfiere mayor control a las provincias. Esta medida, aprobada por el Congreso el 8 de abril de 2026, busca impulsar inversiones en litio, cobre y oro, pero ha desatado fuertes críticas de ambientalistas y científicos.
La nueva legislación modifica la Ley 26.639 de 2010, que protegía glaciares y periglaciares como reservas hídricas estratégicas. Ahora permite evaluaciones provinciales para reclasificar áreas, argumentando mapas inexactos y mayor «seguridad jurídica» para inversionistas.
El Ejecutivo la califica como un hito para el desarrollo económico, fortaleciendo la autonomía provincial en recursos naturales.
El proceso incluyó media sanción en el Senado en febrero y sanción final esta semana.
Milei y su equipo destacan que la reforma corrige distorsiones técnicas con datos científicos actualizados, atrayendo miles de millones en inversiones mineras sin comprometer el ambiente.
Provincias mineras como Salta y Jujuy celebran el fin de un «freno» a proyectos clave en la transición energética global.
Ambientalistas advierten impactos irreversibles en ecosistemas frágiles, reservas de agua dulce para millones y estabilidad hídrica ante el cambio climático.
Expertos desmienten argumentos oficiales y señalan riesgos de contaminación por explosivos y químicos en zonas periglaciares.
Protestas sociales y judiciales se multiplican, con ONG como la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas exigiendo veto o revisión.
