Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en conferencia de prensa este lunes 18 de mayo que no existe ningún riesgo ante las declaraciones que puedan surgir en Estados Unidos sobre dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa que se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses.
«Fue decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo», dijo la presidenta durante su conferencia matutina al ser preguntada sobre el tema. Sheinbaum descartó por completo que la situación represente algún peligro político para su gobierno o para el partido Morena.
Los exfuncionarios involucrados
Los dos exfuncionarios son Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del estado. Ambos pertenecen al mismo partido que la presidenta, Morena, y se entregaron voluntariamente a autoridades federales de Estados Unidos el viernes pasado.
Los exfuncionarios enfrentan acusaciones de presuntos vínculos con el cártel de «Los Chapitos» y el Cártel de Sinaloa, según reportes de las autoridades estadounidenses.
Rechazo a acusaciones de «narcogobierno»
La presidenta Sheinbaum fue contundente al rechazar las acusaciones de que exista un «narcogobierno» o «narcopartido» en México. Calificó a quienes hacen este tipo de afirmaciones como «plumas del viejo régimen» y partidos de derecha, y dijo estar «tranquila y fuerte» ante estas acusaciones que no han sido probadas.
Este incidente ocurre en un contexto de tensiones recientes. El pasado 30 de abril, Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (también de Morena), y a nueve funcionarios más de presuntos vínculos con el narcotráfico. En ese momento, Sheinbaum exigió pruebas concrete y pidió a las autoridades estadounidenses que presentaran evidencia de las acusaciones.
Posición del gobierno mexicano
La presidenta maintain su postura de que México no tolerará la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos y que las acusaciones sin pruebas son inaceptables. Sheinbaum reiteró que cualquier colaborador con el crimen organizado debe ser procesado por la justicia, independientemente de su partido político, pero que las acusaciones deben estar respaldadas por evidencia concreta y no por especulaciones políticas.
La ministra de Seguridad Pública de México, Olivia Sánchez, confirmó que el gobierno mexicano está siguiendo de cerca el caso y que colaborará con las autoridades estadounidenses en el marco de la cooperación bilateral contra el narcotráfico, pero sin comprometer la soberanía nacional.
