El 10 de septiembre, una pipa de gas LP volcó y explotó bajo el Puente de la Concordia en Iztapalapa, Ciudad de México. El accidente causó la muerte de 8 personas y heridas a 94, incluyendo bebés y menores de edad. El gobierno capitalino activó un operativo para atender a las víctimas, ofreciendo apoyo médico, psicológico y económico a los afectados y sus familias.
Las investigaciones apuntan a un posible exceso de velocidad y fallas en el cumplimiento de normas por parte de la empresa transportista. La explosión generó daños en numerosos vehículos y mantuvo la zona cerrada mientras los servicios de emergencia actuaban.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la implementación de protocolos para el tránsito seguro de vehículos con materiales peligrosos en la capital. El accidente conmocionó a la comunidad de Iztapalapa, movilizando a autoridades y sociedad civil para apoyar a los afectados.
Este suceso recalca la urgencia de reforzar la regulación y vigilancia sobre el transporte de sustancias peligrosas en la ciudad para prevenir tragedias similares en el futuro.
