Los operativos militares que realiza Estados Unidos en el mar Caribe y el océano Pacífico son ilegales bajo el derecho nacional e internacional y no logran reducir el consumo ni la oferta de drogas ilícitas, ni debilitan al crimen organizado. Tampoco se justifican con las muertes por sobredosis de cocaína, ya que el principal causante de fallecimientos por opioides en ese país es el fentanilo, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA ).
Hasta el 29 de octubre, EE.UU. ha llevado a cabo 14 ataques letales contra embarcaciones civiles en los que han muerto 61 personas. El presidente Donald Trump defiende estas acciones para frenar el tráfico de cocaína hacia su país; sin embargo, no ha presentado pruebas que las embarcaciones atacadas transportaran drogas, ni ha revelado los nombres de las víctimas. Además, ha amenazado con incursiones terrestres en Colombia y Venezuela.
Datos oficiales del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC ) señalan que el 76% de las muertes por sobredosis involucran opioides (recetados o ilegales), principalmente fentanilo y sus análogos (69%), mientras que sólo el 28% están relacionados con cocaína y el 33% con psicoestimulantes como la metanfetamina. La epidemia de opioides en EE.UU. tiene origen interno, resultado de campañas masivas de marketing de laboratorios en los años 90, que generaron una crisis sanitaria, abordada desde un enfoque de seguridad más que de salud.
La estrategia militar estadounidense es desproporcionada, pues sanciona comercialmente a países productores de fentanilo (México y China), mientras que hostiga con operativos bélicos y acusa sin pruebas a gobiernos de países productores o de tránsito de cocaína (Colombia y Venezuela). WOLA recuerda que en Sudamérica no se producen ni trafican fentanilo y que la mayor parte de la cocaína no pasa por el Caribe.
Entre 2023 y 2024, las muertes por sobredosis en EE.UU., especialmente las asociadas al fentanilo, disminuyeron un 37%, de 76,000 a poco más de 48,000, gracias a medidas de salud como la provisión de naloxona, medicamento que revierte sobredosis. Sin embargo, las actuales administraciones han recortado drásticamente la financiación para estas políticas, incluyendo casi un billón de dólares en recortes a Medicaid para la próxima década.
En cuanto a las operaciones militares, WOLA señala que atacar objetivos de producción o líderes del narcotráfico causa daños menores y temporales, pues las organizaciones criminales se recuperan rápidamente. La extradición y eliminación de grandes narcos no ha afectado el mercado ni debilitado al crimen organizado en EE.UU., donde la demanda interna de drogas sigue fuerte, enriqueciendo a estas bandas.
Califica de injustificada la etiqueta de “terroristas” o “narco-terroristas” para las personas en las embarcaciones atacadas, pues no autoriza el uso letal contra civiles ni ejecuciones extrajudiciales. Los comandantes del Comando Sur han solicitado mayor presupuesto para vigilancia, pero no para eliminar a personas sin juicio.
Agresiones recientes y acusaciones políticas
En agosto pasado, EE.UU. desplegó un contingente militar en la zona y realiza bombardeos en aguas cercanas a Venezuela con la excusa de combatir cárteles, sin presentar pruebas. Los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro han sido señalados injustamente como narcotraficantes por Trump, deteriorando relaciones diplomáticas con Colombia y Venezuela.
Maduro denuncia que su país sufre una “guerra multiforme” orquestada desde EE.UU., describiendo las acciones como una “agresión armada para imponer un cambio de régimen” y apoderarse de recursos naturales. Esta postura es respaldada por Rusia en la ONU, que califica las operaciones como una “campaña descarada de presión política, militar y psicológica” contra un Estado soberano.
Las acciones estadounidenses han sido criticadas por gobiernos de Colombia, México, Brasil y Venezuela, así como por expertos de la ONU, que señalan que se trata de “ejecuciones sumarias” prohibidas por el derecho internacional.
