El Senado de la República, con mayoría de Morena y sus aliados, aprobó una reforma a la Ley de Amparo que endurece los requisitos para activar este recurso clave en la protección de los derechos humanos y procedimientos legales. La reforma fue aprobada con 76 votos a favor y 39 en contra, pese a las críticas y denuncias de la oposición de que la reforma debilita derechos y viola la Constitución al aplicar retroactivamente las nuevas reglas a amparos ya en proceso.
Cambios principales en la reforma
Entre las modificaciones más relevantes, destaca el ajuste al concepto de «interés legítimo», que ahora exige que la lesión jurídica sea real, individual o colectiva, y que la acción de amparo produzca un beneficio cierto para quien la promueve. También se establece que no procederán suspensiones en casos relacionados con actividades ilegales, como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Se digitalizan los procesos y se establecen plazos más estrictos para la ejecución de sentencias. Además, se amplió el plazo para dictar sentencias de 60 a 90 días y se flexibilizó el tiempo para presentar garantías procesales.
Retroactividad y polémica
La reforma incluye una reserva aprobada por Morena que establece que los amparos en trámite deberán regirse por la nueva ley, medida criticada como anticonstitucional por la oposición, que denuncia violaciones al Artículo 14 de la Constitución, el cual prohíbe la retroactividad en perjuicio de las personas. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa defendiendo que se trata de modernizar y ordenar el juicio de amparo para evitar abusos, particularmente de grandes empresarios y delincuentes de cuello blanco que utilizaban este recurso para evadir justicia.
Reacciones y próximos pasos
Mientras Morena defiende la reforma como un avance histórico para la justicia y la seguridad jurídica en México, la oposición y expertos alertan sobre el riesgo de restringir el acceso a la justicia y afectar los derechos fundamentales. La iniciativa aprobada en el Senado fue turnada a la Cámara de Diputados para su revisión final.
Esta reforma representa un cambio significativo en la forma en que se protege el derecho de amparo en México, con impactos importantes en la defensa de derechos humanos y procesos legales a futuro.
