Adán Augusto López Hernández recibió entre 2023 y 2024 un total de aproximadamente 79 millones de pesos de empresas privadas que no declaró en sus declaraciones patrimoniales oficiales ante la Secretaría de la Función Pública ni ante el Senado.
Los pagos fueron registrados como por “Servicios Profesionales” y provenientes de varias empresas, incluyendo algunas que fueron contratistas del gobierno durante su administración en Tabasco y otras vinculadas a familiares suyos.
Entre esas compañías está GH Servicios Empresariales, señalada por el SAT como una empresa fantasma, y otras como Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo.
Documentos oficiales revelan que López Hernández reportó ingresos muy inferiores a los reales en sus declaraciones ante las autoridades: por ejemplo, en 2023 declaró 7 millones de pesos cuando en realidad recibió al menos 22 millones, y en 2024 sus ingresos fiscales fueron declarados en más de 58 millones de pesos, pero ante la contraloría del Senado solo reportó poco más de 600 mil pesos.
La omisión o falsedad en declaraciones patrimoniales puede conllevar sanciones que van desde la suspensión o destitución hasta la inhabilitación en función pública.
López Hernández ha dado explicaciones públicas diciendo que estos ingresos incluyen honorarios legales y herencias, y que ha pagado impuestos correspondientes, pero la discrepancia en declaraciones ha generado controversia y una investigación en curso.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, negó que su gobierno haya filtrado información contra López Hernández.
