El senador de Morena por Sinaloa atribuye la situación a una embestida mediática de la oposición y asegura que continúa cumpliendo con sus deberes como servidor público
Héctor Inzunza Cazarez, senador de Morena por Sinaloa, solicitó licencia temporal para separarse de su escaño en el Senado de la República en medio de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La decisión del legislador llega en un contexto de tensión política y diplomática tras las acusaciones presentadas por Washington contra varios funcionarios sinaloenses.
Defensa del senador
Inzunza Cazarez aseguró que siempre ha cumplido cabalmente con sus deberes como servidor público durante todo su tiempo en el cargo. El legislador atribuyó la situación a una embestida mediática impulsada por la oposición política, negando categóricamente cualquier vínculo con organizaciones criminales.
El senador enfatizó que permanece en la Ciudad de México y que ha acudido al Senado para atender la sesión extraordinaria, demostrando que continúa ejerciendo sus funciones legislativas a pesar de la licencia temporal solicitada. Su presencia en el recinto legislativo busca desmentir versiones que sugerían que se encontraba escondido o fugado.
Contexto de las acusaciones
Las acusaciones de Estados Unidos contra Inzunza Cazarez forman parte de la misma operación judicial que involucró a otros funcionarios sinaloenses, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. El Departamento de Justicia lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización criminal responsable de gran parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Hasta el momento no existen pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana que respalden las acusaciones estadounidenses. La Fiscalía General de la República recibió los documentos de Washington el 28 de abril de 2026 y los turnó a la FGR para evaluación conforme al marco legal mexicano.
Posición del gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme respecto al caso, exigiendo que cualquier acusación cuente con pruebas que cumplan con el marco legal mexicano antes de proceder con cualquier acción judicial. La mandataria afirmó que bajo ninguna circunstancia se permitirá la injerencia de un gobierno extranjero en la vida política de México.
Sheinbaum vinculó directamente la exigencia de pruebas jurídicas con la protección de la soberanía nacional, declarando que el gobierno federal defenderá la verdad, la justicia y la soberanía del país. La presidenta aclaró que si la FGR recibe elementos contundentes o encuentra componentes constitutivos de delito, deberá procederse conforme a derecho.
Implicaciones políticas
La solicitud de licencia temporal de Inzunza Cazarez genera incertidumbre sobre el futuro del caso y su permanencia en el cargo senatorial. El senador fue electo mediante el sistema de representación proporcional y representa los intereses de Sinaloa en el Congreso de la Unión.
La situación mantiene la atención pública mientras se resuelve la cuestión jurídica y diplomática entre México y Estados Unidos. El caso de Inzunza Cazarez se suma al de Rocha Moya como uno de los principales desafíos diplomáticos del gobierno de Sheinbaum en materia de relaciones bilaterales con Washington.
