La Suprema Corte de Estados Unidos abrió la posibilidad de que empresas estadounidenses reclamen compensaciones por bienes confiscados en Cuba tras la llegada al poder de Fidel Castro, en una decisión que reaviva antiguas disputas legales entre Washington y La Habana.
De acuerdo con reportes internacionales, el máximo tribunal estadounidense permitió que avance una demanda relacionada con activos expropiados por el gobierno cubano desde 1960, lo que podría beneficiar a compañías que alegan haber perdido propiedades y operaciones en la isla.
El caso más citado es el de Havana Docks Corporation, que sostiene que su infraestructura portuaria fue confiscada durante el proceso de nacionalización impulsado por el régimen cubano. La resolución judicial representa un nuevo capítulo en la larga batalla legal por la compensación de bienes tomados por el Estado cubano hace más de seis décadas.
La decisión de la Corte ocurrió horas después de que el gobierno de Donald Trump diera a conocer un encausamiento judicial contra Raúl Castro y otras cinco personas por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un ataque en el que murieron cuatro personas.
En ese expediente, las autoridades estadounidenses imputaron cargos relacionados con conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato, en uno de los episodios más sensibles de la relación bilateral entre ambos países.
La coincidencia de ambos hechos vuelve a colocar a Cuba en el centro del debate político y judicial en Estados Unidos, al tiempo que reabre viejas reclamaciones sobre expropiaciones, derechos de propiedad y responsabilidades históricas derivadas de la Revolución cubana.
