La ministra Lenia Batres Guadarrama se encuentra nuevamente en el centro del debate público tras una serie de decisiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que han despertado críticas sobre su imparcialidad y sus prioridades judiciales. En los últimos días, su participación en dos casos clave relacionados con instituciones gubernamentales ha reavivado las dudas sobre la independencia de su actuar.
El cuestionamiento más reciente surge tras la aprobación de un amparo que benefició directamente al ISSSTE, instituto encabezado por su hermano, Martí Batres. El proyecto, presentado por la propia ministra, determinó que el organismo quedaba exento de pagar adeudos fiscales superiores a los 5 mil 800 millones de pesos al Gobierno de la Ciudad de México. Especialistas y sectores de la oposición han señalado que, ante la relación familiar directa, la ministra debió excusarse de participar en el caso para evitar un conflicto de interés, una petición que fue ignorada durante el proceso de resolución.
Paralelamente, Batres Guadarrama ha sido blanco de críticas por su voto en contra de una resolución que obligaba al IMSS a garantizar la entrega gratuita de dispositivos médicos —como prótesis y aparatos auditivos— a menores con discapacidad. La ministra argumentó que la Corte no debía imponer obligaciones financieras sin un análisis previo de la capacidad presupuestal del instituto, sugiriendo que la entrega de insumos debería realizarse bajo criterios de evaluación individual. Esta postura fue interpretada por diversas organizaciones civiles como una medida que prioriza la salud financiera de las instituciones por encima de los derechos humanos y la atención universal a los sectores más vulnerables.
Ambos casos han consolidado una narrativa crítica hacia la labor de la ministra, a quien se le acusa de alinear sus decisiones judiciales con los intereses del gobierno en turno. Mientras los defensores de su postura argumentan que sus votos responden a una visión de «austeridad republicana», sus detractores advierten que estas acciones erosionan la confianza en la SCJN como un contrapeso independiente frente al poder político. Con estas posturas, Batres se mantiene como una de las figuras más polémicas del actual sistema judicial mexicano
