La administración de Donald Trump impulsa un plan para revocar la ciudadanía a más personas naturalizadas, según reveló The New York Times. La iniciativa prioriza casos de fraude migratorio, delitos graves y omisiones en formularios de naturalización, ampliando significativamente los esfuerzos del Departamento de Justicia (DOJ).
Un memorando del fiscal general adjunto Brett A. Shumate, emitido en junio de 2025, instruye a la División Civil del DOJ a «persuigar al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley». Se incluyen crímenes de guerra, terrorismo, fraude financiero (como PPP o Medicaid) y mentiras en solicitudes migratorias, otorgando amplia discrecionalidad a los fiscales.
Esta política forma parte de cinco prioridades ejecutivas de Trump, incluyendo ataques a ciudades santuario y políticas DEI. Expertos como Cassandra Robertson advierten que acelera procesos con menor carga de prueba, generando temores de abuso contra migrantes legalizados. Trump ha reiterado públicamente su intención de «desnacionalizar» si tiene el poder legal.
