El nuevo centro de detención para migrantes, conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los humedales de Florida, recibió a sus primeros detenidos como parte del plan de deportaciones masivas del Gobierno de Estados Unidos. Este centro, construido en apenas ocho días en un antiguo aeropuerto de entrenamiento, tiene capacidad para albergar hasta 3,000 personas y está equipado con estrictas medidas de seguridad, incluyendo más de 200 cámaras y cercas de alambre de púas.
Desde su apertura, el centro ha sido objeto de protestas y críticas por las condiciones consideradas inhumanas y por su ubicación en una zona vulnerable a inundaciones, especialmente en plena temporada de huracanes. De hecho, apenas un día después de su inauguración, el sitio sufrió inundaciones menores debido a fuertes lluvias, lo que generó preocupación sobre la seguridad y bienestar de los migrantes alojados.
Legisladores demócratas de Florida intentaron inspeccionar las instalaciones para verificar las condiciones, pero fueron negados el acceso, lo que ha aumentado las tensiones y las denuncias sobre posibles violaciones a los derechos humanos. Organizaciones defensoras de derechos civiles y grupos indígenas también han condenado la construcción del centro, señalando que se encuentra en tierras sagradas y que representa un acto de crueldad estatal.
El gobernador Ron DeSantis defiende la instalación como una medida necesaria para aliviar la presión sobre los sistemas de justicia y seguridad del estado, asegurando que es una instalación “autosuficiente” y segura. Sin embargo, activistas y legisladores advierten que “Alligator Alcatraz” podría convertirse en un símbolo de políticas migratorias duras y poco humanas.
