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Justicia alemana resuelve extraditar a Puigdemont por malversación de fondos

Este jueves, la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha tomado la decisión de extraditar a España a Carles Puigdemont, expresidente de la región de Cataluña, acusándolo de una presunta malversación de fondos, aunque no se le acusó por el delito de rebelión.

Igualmente, dicho tribunal señaló que no ve ningún impedimento para que se realice la extradición de Puigdemont, sin embargo, aún no precisó las fechas ni un período en el que se deba llevar a cabo esta operación, proceso que deberá llevar a cabo directamente la fiscalía.

Así mismo, decretó que Puigdemont no entrara en prisión preventiva, ignorando así, la petición de la fiscalía, esto, argumentando que “siempre” ha cumplido con las obligaciones derivadas de su estado actual de libertad bajo fianza.

Este tribunal, a través de un comunicado, consideró “no admisible” extraditar al líder soberanista por rebelión, tal como lo había solicitado el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo español, reiterando los argumentos que ya había expuesto previamente, en los que apuntaba que no se produjo el grado de violencia “suficiente”.

Sin embargo, la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein sí que consideró “admisible” la petición de extradición por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

En el mismo comunicado, el tribunal manifestó que Puigdemont pudo haber tenido una “corresponsabilidad” en decisiones que supusieron una carga para las arcas públicas, un extremo que, no obstante, subraya que se deberá sustanciar en un juicio en España.

La Audiencia desdeñó asimismo los argumentos de la defensa del líder soberanista, que pedía no extraditar a España a Puigdemont porque era un perseguido político y no iba a poder tener allí un juicio justo.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein asegura que tiene una “confianza ilimitada” en que la Justicia española actuará en este caso dentro de los estándares que se esperan de la “comunidad de valores” y del “espacio de derecho común” de la Unión Europa.

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