De acuerdo al informe anual 2017 revelado por Amnistía Internacional, durante ese año en México se vivió un incremento en los índices de violencia, llegando a más de 40 mil homicidios en los últimos 12 meses.

De igual manera, alertó que en nuestro país prevalece la impunidad en cuanto a las violaciones de derechos humanos, de igual manera las amenazas, homicidios y ataques contra periodistas y activistas.

Este reporte presentado en Washington, reveló el “incremento significativo” en cuanto a la cantidad de asesinatos registrados en México (42.583 entre dolosos y culposos en los once primeros meses del año), el cual, resulta ser el mayor desde que iniciara la actual administración que preside Enrique Peña Nieto.

“La cifra real podía ser más alta, ya que algunos crímenes no se denunciaban a la Policía, y no todos los que se denunciaban derivaban en medidas oficiales”, agregó este informe.

Amnistía Internacional no quiso dejar fuera la Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada el pasado diciembre y en la cual se está facultando “la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía”, esto, sin dar ningún tipo de garantía de transparencia y rendición de cuentas.

Además puntualizó que tanto los periodistas, como los defensores de derechos humanos, “continuaron las amenazas, el hostigamiento, las agresiones y los homicidios”.

Y es que por lo menos doce periodistas perdieron la vida durante 2017.

Las autoridades, remarcó la organización, no han obtenido “avances significativos” en las investigaciones sobre estos homicidios, muchos de ellos perpetrados a plena luz del día y en espacios públicos.

La tortura y otros malos tratos “seguían siendo generalizados”, como constató un informe de seguimiento del relator especial de la ONU.

Las desapariciones con implicación de agentes estatales y no estatales siguieron siendo una práctica “habitual”, con una “impunidad casi absoluta”.

“De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se siguieron sin esclarecer el paradero de 34.656 personas, aunque la cifra real es más alta, porque se excluyeron casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas”, explicó Amnistía Internacional.

Por otra parte, el país latinoamericano recibió entre enero y agosto unas 8.700 solicitudes de asilo, una cifra similar a la de todo 2016. El porcentaje de peticiones de refugio que acabaron concediéndose bajó de 35 % (cifra de 2016) a 12 %.