Esta tarde, integrantes tanto de la Procuraduría General de la República (PGR), como de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación, sostuvieron una reunión con miembros del mecanismo encargado de darle seguimiento al caso Iguala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En dicha reunión, fueron los mismos miembros de la PGR quienes entregaron información actualizada con respecto al seguimiento directo a un cronograma de once puntos, mismo que había sido pactado entre la CIDH y los familiares de las víctimas, y en particular en lo que toca a temas relacionados con las investigaciones, la emisión de posibles órdenes de aprehensión adicionales, la consideración de información novedosa sobre los hechos del caso, así como cuestiones relacionadas con las vías para asegurar una atención integral a las víctimas, en particular a partir de un estudio de impacto psicosocial que fue elaborado en conjunto entre sus representantes y autoridades del gobierno.

En este sentido, se concluyó que seguirán los trabajos en conjunto con la representación de las víctimas en cuanto a la atención a los rubros abordados en la reunión, esto en espera de la apertura del 167 período de sesiones de la CIDH, que tendrá lugar en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018, y en donde tendrá lugar una audiencia pública sobre el seguimiento a las medidas cautelares del órgano interamericano en el asunto.

De igual manera, se informó que estas reuniones sirvieron para que el gobierno mexicano refende su compromiso de atender este caso en específico y de seguir adelante, hasta haber utilizado todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares.

Para finalizar, fue el propio Gobierno de la República, el que manifestó su determinación de continuar fortaleciendo la cooperación con la CIDH y con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y sus representantes, a fin de poder atender las cuestiones pendientes, deslindar responsabilidades y, sobre todo, conocer la verdad y atender la legítima demanda de justicia de las víctimas y de la sociedad mexicana.