Este lunes, el Tribunal Supremo español ha rechazado la emisión de una orden europea de detención en contra de Carles Puigdemont, expresidente del Gobierno regional de Cataluña, tal como lo había pedido la Fiscalía por los supuestos delitos de rebelión y/o sedición en relación con el proceso independentista en esa región.

Puigdemont realizó una conferencia desde Copenhague, Dinamarca, lo que significó la primera vez que el expresidente catalán abandona Bélgica, país en donde había permanecido tres meses huido de la Justicia española.

El magistrado encargado del caso, Pablo Llarena, a pesar de que ve razonable la solicitud de la Fiscalía, aclaró que existen dos razones por las que una orden de ese tipo debe ser pospuesta “a un momento no necesariamente lejano”.

La primera de ellas radica en que, para el juez, Puigdemont busca precisamente ser detenido para encontrar un resquicio legal que le permita delegar su voto en el Parlamento de Cataluña, del que es diputado elegido en los comicios regionales del 21 de diciembre pasado.

Y en segunda instancia, aseveró que una petición de entrega precipitada podría limitar los delitos por los que en un futuro podrá ser juzgado en España.

Carles Puigdemont ha estado buscando su propia detención para así “forzar un contexto en el que poder delegar su voto, como si estuviera en el mismo supuesto que quienes están a disposición de este Tribunal (Supremo) y han sido provisionalmente privados de su libertad”, asegura Llarena.

De igual manera, indicó que “frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero busca (…) alcanzarla y el voto que parlamentariamente no puede obtener”, con respecto a las intenciones del exmandatario catalán de ser elegido de nueva cuenta presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, pero esta vez a distancia, sin presentarse en la cámara legislativa regional.

El magistrado considera que es mejor hacer funcionar la euroorden una vez que la investigación ya haya sido terminada.

En un primer momento, la Justicia española dictó sendas órdenes europeas contra Puigdemont y cuatro de sus antiguos colaboradores, también huidos en Bélgica, pero Llarena decidió retirarlas el 5 de diciembre pasado, con la advertencia de ser detenidos en cuanto regresaran a España.

Consideró entonces que esas órdenes, emitidas por la Audiencia Nacional en su día, podrían condicionar los posibles delitos por los que se pueda procesar a los imputados, ya que la rebelión y la sedición no están recogidos en el ordenamiento jurídico belga.