Se está estudiando desde la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, una iniciativa sobre reformar los artículos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal, a fin de poder sancionar con cinco a ocho años de prisión, así como de 300 a 500 días de multa a quienes cometan el delito de extorsión.

En esta misma iniciativa, se establece que este delito lo comete quien mediante amenazas de causar un daño físico, usando armas o instrumentos peligrosos o equipos de comunicación móvil, o cualquier otra forma de extorsión, “obligue a otro a dar alguna cantidad de dinero para evitar un perjuicio, con que se coacciona un provecho indebido para sí o para otra persona”.

En ese sentido, Ricardo Taja, diputado priista indicó que este delito ocupa el segundo lugar entre los primeros 10 con mayor incidencia, ya que, únicamente en 2016, se cometieron 31.1 millones de estas acciones, que generaron una pérdida económica estimada en mil 104 millones de pesos.

Igualmente, manifestó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), que anualmente realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el ilícito tiene una ocurrencia de ocho mil 945 casos por cada 100 mil habitantes.

A su vez, la misma ENVIPE asegura que el 95.6 por ciento de las extorsiones fue realizada vía telefónica, lo que vincula, dijo, a la delincuencia organizada en muchos de los casos a los centros penitenciarios.

El legislador refirió que de ser aprobada su propuesta, se logrará inhibir la extorsión en cualquiera de sus modalidades, pues se impulsa que la autoridad judicial cuente con mayores elementos de juicio al momento de establecer la sanción.