Este martes un juez del Tribunal Supremo español, tomó la decisión de suprimir las Ordenes Europeas de Detención emitidas en contra del expresidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, así como a otros cuatro exconsejeros de su Gabinete, mismo que también se encuentran refugiados en Bruselas.

Los ex funcionarios catalanes llevaban ya algunas semanas viviendo en la capital de Bélgica en lo que la Justicia española se encargaba de todos los integrantes del Ejecutivo autonómico catalán, mismos que habían sido cesados por el Gobierno español desde el pasado 27 de octubre, tras impulsar un proceso independentista.

Y es que el juez, Pablo Llarena, aseguró que se deben retirar estas órdenes emitidas por la Audiencia Nacional ya que es él quien está atendiendo este caso ahora y por lo mismo se requiere una única actuación.

De lo contrario “podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”, indicó Llarena.

Para el Tribunal Supremo, esta nueva medida puede tener dos caminos:

El primero sería evitar que la Justicia belga limite en alguna medida en su fórmula de entrega a España los posibles delitos que se puedan imputar al líder independentista y sus correligionarios.

El otro, que sigue vigente la orden nacional de detención, de modo que en el momento en que estos políticos decidan entrar en territorio español sean detenidos en las mismas condiciones que los otros imputados por el proceso secesionista.

El caso de los exgobernantes catalanes fue llevado en primer lugar por la Audiencia Nacional española y la jueza, Carmen Lamela, ordenó la detención e ingreso en prisión de todos ellos por delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

Los autos de busca y captura e ingreso en prisión y las órdenes europeas de detención y entrega (en el caso de Puigdemont y cuatro exconsejeros) se emitieron el 3 de noviembre de 2017.

Puigdemont encabeza la candidatura de Junts per Catalunya en las elecciones autonómicas que tendrán lugar el 21 de diciembre, con la presencia también en las listas de varios de sus antiguos consejeros.

El temor del magistrado español es que el Estado belga “restrinja en su entrega de los detenidos a determinadas imputaciones, negando otras” y ello dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones.

Hay que recordar que a penas el pasado lunes, el propio Llarena dejó en libertad bajo fianza, de 100 mil euros, a seis exconsejeros del Gobierno catalán y dejó a dos en prisión ante el riesgo de que pudieran reiterar su supuesta actuación delictiva con consecuencias “graves”.