El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombrado por la oposición venezolana y que se encuentra en el exilio, dio a conocer este martes que recurrirán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que se emita una primera sentencia contra el gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad.

Los magistrados opositores se dirigieron ante los medios de comunicación, donde afirmaron que la Sala de Casación Penal del TSJ fue la encargada de tomar la decisión de llevar esto ante la CPI, luego de no poder asumir directamente denuncias introducidas por individuos particulares.

La acción incluye una solicitud al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para iniciar una investigación a 59 altos funcionarios venezolanos a los que involucra en dichos crímenes, entre ellos el presidente Nicolás Maduro.

La resolución de los magistrados, elegidos por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional venezolana, cita los artículos 5, 6 y 7 del Estatuto de Roma referentes a los crímenes que son competencia de la CPI, entre los que se mencionan el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.

La sentencia anunciada por el presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ opositor, Pedro Troconis, se basa en una denuncia del general Hebert García Plaza, exministro de Alimentación hasta 2015, quien recientemente se presentó ante la OEA como testigo del proceso de audiencias públicas contra Caracas.

La denuncia de García Plaza y otros militares trata sobre la aplicación por las Fuerzas Armadas del llamado Plan Zamora en su fase Verde, con el que entre abril y agosto de 2017 aplacaron las protestas con lo que calificaron como “una represión desproporcionada”.

Los disturbios dejaron más de 100 muertes, mil 500 heridos y cinco mil detenidos, además de denuncias de casos de torturas, que configuran violaciones a los derechos humanos, según la denuncia, aunque el gobierno venezolano responsabiliza a los promotores de las protestas.