Tanto el ex presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, como los cuatro exconsejeros que permanecen en libertad condicional, deberán darse cita para declarar ante el tribunal de primera instancia de Bruselas el próximo 17 de noviembre.

Esta audiencia se realizará como respuesta a la euroorden de entrega a España, según lo informó la Fiscalía bruselense.

Será el tribunal de primera instancia de la capital de Bélgica, el que tendrá la última palabra con respecto a que si se ejecutarán las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional de España el pasado 3 de noviembre contra los exfuncionarios catalanes.

Estas cinco personalidades del gobierno catalán están siendo reclamadas por la Justicia española por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato a la autoridad, entre otros cargos, en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

Junto a Puigdemont, se encuentran en Bélgica en idéntica situación judicial los exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

Igualmente se ha dado a conocer que tanto Carles Puigdemont, expresidente del Gobierno de Cataluña, como todos los demás funcionarios del antiguo gobierno que están siendo investigados por la Justicia española, podrán participar de las elecciones regionales del 21 de diciembre, a pesar, incluso de que algunos se mantengan en prisión provisional.

De acuerdo con Rafael Catalá, ministro español de Justicia, los derechos políticos de todos los funcionarios permanecen “intactos”, por lo que están en capacidad de ser elegidos en las próximas elecciones.

El propio ministro destacó lo único que podría evitar la participación de todos ellos en las siguientes elecciones sería una eventual sentencia judicial, sin embargó, aseguró que “no hay tiempo” hasta el 21 de diciembre para que se dictara una hipotética resolución en ese sentido.

El ministro se refirió tanto a Puigdemont y a cuatro de sus exconsejeros, que se encuentran en Bélgica en libertad condicional, como a los ocho políticos en prisión provisional en España, así como a un noveno que salió de la cárcel tras abonar una fianza.

La Audiencia Nacional los investiga a todos por rebelión y otros posibles delitos en relación con el proceso independentista ilegal que promovieron en Cataluña.

El ministro también aseguró que, en este momento, el Gobierno español “no plantea ni tiene encima de la mesa” la posibilidad de ilegalizar ningún partido con vistas a esas elecciones.