Mariano Rajoy y el Gobierno español al no recibir respuesta por parte del presidente de Cataluña Carles Puigdemont, han asumido la adopción de una postura negativa para restituir el orden constitucional y afirmaron que se instaurarán medidas legales para la vuelta a la legalidad.

Esta fue la manera en la que respondió el gobierno central español a la carta enviada esta mañana por el mandatario catalán desde la que le dejó ver a Mariano Rajoy, que si “persiste en impedir el diálogo”, el Parlamento autonómico “podrá proceder a votar la declaración formal de independencia” de Cataluña.

Igualmente, pide que se ponga en marcha un diálogo a la opción de renunciar a esa declaración de independencia que, según dice en la misiva, el parlamento regional “no votó el día 10” y la “suspensión (de la declaración de independencia) continúa vigente”.

Por su parte, el presidente Rajoy activará el artículo 155 de la Constitución, la cual le da la facultad al Gabinete español de asumir directamente competencias ejercidas hasta ahora por la administración autonómica, con el fin de volver a la legalidad.

A través de un comunicado, el Ejecutivo informó de que el Consejo de Ministros se reunirá el próximo sábado 21 de octubre, con carácter extraordinario, para aprobar las medidas constitucionales destinadas a “proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma”.

El artículo 155 de la Constitución establece que si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales que enviará al Senado para su aprobación y que pase a ser efectivo.

El Gabinete lo aprobará el sábado y la semana próxima se dará curso a esas medidas.

Se trata de la primera vez que se aplicará ese artículo en los 39 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución española de 1978.