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Aprueban en Francia nueva ley anti terrorista

Quedó aprobada por el Senado francés, una ley propuesta por el Gobierno para ayudar a lidiar con la amenaza terrorista.

Esta la ley, que traslada al derecho corriente algunas de las medidas vigentes con el estado de excepción desde 2015, fue aprobada con 244 votos a favor, 22 en contra y 73 abstenciones.

Los senadores votaron el texto definitivo de la ley después de que la Asamblea Nacional aprobara una corrección del Senado que establece que la mayoría de los nuevos poderes expirarán en 2020.

La ley ya fue aprobada por la Asamblea Nacional y será enviada ahora al presidente, Emmanuel Macron, para que la firme.

Macron rechazó pedidos para convocar al Consejo Constitucional francés y que emita un fallo antes de firmar la ley, que ha sido criticado por defensores de los derechos humanos en Francia y expertos de la Organización de las Naciones (ONU).

“De mi parte, no tomaré la decisión de remitir esta ley al Consejo Constitucional”, dijo Macron, que resaltó “la calidad del trabajo” del Parlamento en la elaboración del texto de la ley y agregó que exigirá una implementación “efectiva” de la norma.

Francia ha estado bajo un estado de emergencia desde que fue blanco de ataques terroristas reivindicados por Estado Islámico (ISIS) en noviembre de 2015, cuando en ataques simultáneos murieron 130 personas.

La nueva ley permite a las autoridades restringir los movimientos de personas sospechadas de vínculos terroristas y registrar sus propiedades. También las autoriza a clausurar lugares de culto donde son divulgadas ideas extremistas, según precisa la norma.

“Todas estas medidas que restringen libertades… serán medidas que durarán sólo tres años y no pueden ser renovadas sin un nuevo debate en el Parlamento”, dijo el senador Philippe Bas, de la oposición de centro derecha.

“Se trata de volver la lucha contra el terrorismo lo más efectiva posible mientras se respeta el estado de derecho y nuestra tradición republicana”, agregó.

Las fuerzas de seguridad también podrán detener a cualquier persona y revisar su identidad en un radio de diez kilómetros alrededor de puertos y aeropuertos internacionales.

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