La Procuraduría General de la República (PGR), consiguió la vinculación a proceso de Javier Duarte de Ochoa por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Si bien en la primera audiencia se criticó la actuación de los fiscales, quienes incurrieron en imprecisiones y sólo justificaron menos de 10% de los recursos presuntamente desviados por el ex gobernador de Veracruz, por lo cual el juez comentó que las cifras “no cuadraban”, la PGR aprovechó este segundo encuentro para presentar 82 elementos de prueba en su contra.

Entre estos destacaron diversos informes de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz en los que se refieren desvíos por parte de la Secretaría de Educación, los dictámenes contables y las declaraciones de José Juan Janeiro, Alfonso Ortega López y Arturo Bermúdez Zurita.

Además, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira Salas, expuso la red de lavado de dinero que se le imputa al ex mandatario. En su intervención, la cifra de desvíos ordenados por Duarte aumentó de 580 millones de pesos a mil 670 millones.

Durante el acto también se resaltó la participación de los representantes de la Secretaría de Hacienda, quienes no estuvieron durante el primer ejercicio y en esta ocasión acudieron como víctimas del delito. Esta inclusión provocó que el abogado Marco Antonio del Toro, que defiende a Duarte, solicitara su salida de la sala por considerar que no representan a la sociedad, pero el juez no lo concedió.

Entre las pruebas que ofreció Del Toro estuvieron la comparecencia de Alfonso Ortega López. Sin embargo, a pesar de tener notificación de presentación, no asistió a la diligencia. El juez le concedió 48 horas para justificar su falta. De lo contrario se hará efectivo el arresto.

Por otra parte, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseguró que la PGR aceptó la solicitud que hizo para comparecer como testigo en la causa penal que se sigue en contra de su antecesor.