El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no consiguió llegar a una decisión final sobre si pedirá o no la destitución de la fiscal Luisa Ortega, así como de si abrirá o no un juicio en su contra.

Este pasado miércoles era el día límite que tenía la máxima corte venezolana para poder tomar esta decisión, sin embargo, en estos casos el Código Orgánico Procesal Penal concede un periodo extra de 30 días para decidir.

La fiscal Luisa Ortega fijó su postura de revelarse contra el régimen a partir de las protestas opositoras que exigen la salida de Nicolás Maduro y que desde el 1 de abril han dejado 95 muertos.

La abogada, de 59 años, fue acusada por el diputado oficialista Pedro Carreño de “mentir” al afirmar que no avaló la designación, según ella “amañada”, de 33 magistrados del TSJ por el anterior Parlamento chavista, en 2015.

El constitucionalista José Ignacio Hernández no descarta que el TSJ (acusado de servir al gobierno) postergue la decisión porque ordenó una prueba grafológica para determinar la autenticidad de una firma con la que, según Carreño, la fiscal avalaría en un acta el nombramiento de los jueces.

“Es un proceso absolutamente viciado”, declaró Henrique Capriles, que, al igual que la mayoría de opositores, apoya a Ortega.