Desde la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto lideró una reunión en la cual se definieron algunas acciones para realizar a favor de la libertad de expresión y para la protección de periodistas.

En esta reunión, el Presidente sostuvo el compromiso que tiene el Estado mexicano para defender la libertad de expresión, así como de combatir la impunidad que ha existido en cuanto a la muerte de periodistas, hechos que calificó como “lamentables”.

“La violencia perpetrada contra periodistas y defensores de derechos humanos ha abierto una profunda herida en nuestra sociedad (…) El gobierno de la República expresa su más enérgica condena por estos lamentables sucesos que lastiman a México y que han generado una gran indignación”.

“A los familiares, amigos y compañeros de las víctimas, les expreso mi más sentidas condolencias”, dijo Peña Nieto.

“Comparto la exigencia de justicia del gremio periodístico y de la sociedad entera”. Como presidente, dijo, las autoridades nos comprometemos a actuar con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables.

“No podemos permitir la censura ni restricciones a la labor informativa de la prensa, radio, televisión (…) ni las nuevas plataformas digitales (…) una democracia requiere que nadie calle su voz”.

Además el Presidente añadió que esta reunión con gobernadores y miembros del Gabinete de Seguridad se realizó porque la protección a periodistas requiere medidas extraordinarias. “Como país, no debemos podemos ni debemos ceder ante la violencia”.

Afirmó que su gobierno tiene que darle a los periodistas la garantía de que podrán desempeñar su profesión, “especialmente ante la amenaza que representa el crimen organizado”, y enumeró las acciones acordadas en la reunión.

1. Fortalecer la estructura y el presupuesto para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanso y Periodistas. Dijo que 538 personas están bajo la protección de este mecanismo; 342 son defensores de derechos humanos y 196 son periodistas.

2. Establecer un esquema nacional de coordinación con entidades federativas y un protocolo de operación cuyo objetivo es coordinar las acciones para enfrentar y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos. La instrumentación estaría a cargo del mecanismo federal, cuya junta de gobierno incluye a representantes de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Gobierno de la República.

3. Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a través de:
• Más personal y mejor capacitación para ministerios públicos, policías y peritos.
• El establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad y el gremio periodístico, que impulsen la confianza y la colaboración.
• La revisión e impulso permanente de las investigaciones.
• La coordinación transversal entre autoridades locales y federales, para garantizar la inmediata atención de los delitos, con perspectiva de derechos humanos.
• Apoyo a las entidades federativas para crear unidades o ministerios públicos especializados en materia de libertad de expresión.
• Creación de protocolos homologados a nivel nacional para la atención de víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión.