
No son pocas las mujeres yucatecas que han sido víctimas de violencia.
Según la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada en el 2011 y publicada en el 2015, Yucatán ocupó el sexto lugar a nivel nacional en el porcentaje de mujeres unidas o casadas que han vivido violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación, con una cifra por arriba de la media nacional (52.4%)
La Secretaría de Salud ha reportado que en los últimos 9 meses han atendido mil 612 casos de violencia hacia las mujeres en sus unidades médicas. Únicamente 37 se hicieron públicos.
Por otro lado, el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (IPIEMH) recibe entre 2 mil 500 y 2 mil 800 casos anuales de mujeres que han sido violentadas y que en dicho recinto reciben asesoría jurídica y psicológica.
La directora del IPIEMH, Alaine López Briceño, ha declarado que Kanasín, Tekax y Mérida son los focos rojos de violencia hacia las mujeres en Yucatán. La violencia psicológica es la más denunciada, con reportes del 60% de las usuarias atendidas por el Instituto. Le siguen la violencia económica (con 30%), la física y el abuso sexual.
Sin embargo, el verdadero dato alarmante es el referente a la cultura de la no denuncia: solo 13% de las mujeres que han sufrido violencia han levantado una demanda de manera formal ante las autoridades. López Briceño expresa: “El otro 87% la normaliza, la ha naturalizado y realmente es muy grave porque vemos que el gran nicho de violencia es la familia”.
¿A qué se debe la violencia hacia la mujer?
La violencia hacia las mujeres tiene distintos orígenes. Resulta difícil delimitarlos y a la vez es importante hallarlos para determinar posibles soluciones a la problemática.
De acuerdo a Efraín Tzuc, miembro de la organización “Yucatán Feminicida”. el problema debe ser comprendido en toda su complejidad para construir e implementar verdaderas soluciones: “Yucatán no está exento de la construcción social del género, misma que es histórica y política. Es necesario reconocer que la violencia es una herramienta utilizada por los hombres para conservar el dominio, poder y control sobre las mujeres. Si bien se ha avanzado en materia de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, prácticamente en ni un lugar del mundo (y menos en América Latina) existe igualdad sustantiva, esto es, igualdad real, más allá de las Leyes”.
Tzuc señala que para muchas personas “resulta difícil entender que los hombres tenemos ventajas sobre las mujeres en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y privada: ganamos más por el mismo trabajo, no nos encargamos de las labores del hogar, disfrutamos el espacio público, se nos educa para liderar y desarrollarnos en el ámbito público. También se nos educa para sentir que tenemos el derecho o la autorización de ejercer la violencia cuando las mujeres se comportan de una forma que la cultura machista o patriarcal interpreta como «incorrecta» a partir de una idea de superioridad y propiedad. Esto es común en la mayoría de los contextos latinoamericanos”.
De acuerdo a estudios del que era el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) en el 2012, uno de los principales detonantes de las agresiones contra mujeres es el alcoholismo, cuyos índices son cada vez más elevados en los municipios yucatecos. Esto debido a que en el 97% de las agresiones se ven implicados sujetos alcoholizados.
Los mismos estudios contemplan el machismo, la pobreza y el bajo nivel académico como factores importantes en la violencia de género.
Por supuesto, estos solo son elementos generales que nos permiten dibujar qué factores están inmersos en los casos de violencia que miles de mujeres viven día con día.
Las soluciones
En opinión de Efraín Tzuc, contar con cifras certeras sobre la violencia sería el primer paso para analizar y encontrar soluciones a la problemática: “el Ejecutivo del Estado ha incumplido la propia Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán: actualmente no contamos con el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres ni con el Programa Especial para Prevenir, Atender y Erradicar la violencia contra las mujeres que se mandatan en dicha Ley. Esto es grave puesto que no contamos con estadísticas que nos permitan conocer el problema y no existe política pública integral tampoco”.
Tzuc señala que se debe “priorizar la elaboración participativa, con base en la evidencia, del Programa Especial para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, estableciendo indicadores que permitan evaluar su impacto y resultado de acuerdo a los propuestos por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.
Efraín también resalta la importancia de contar con los recursos suficientes para implementar políticas públicas exitosas: “Estamos hablando de un tema que es obligatoriamente prioritario en tanto las mujeres son ciudadanas que deben gozar de sus derechos humanos de forma impostergable”, concluye.
Lilia Balam